Houssein Alouariachi
A nadie se le escapa la poca operatividad de la Comisión Islámica de España en la
interlocución con el Estado para el cumplimiento de los Acuerdos de 1992, lo cual se debe
principalmente al nacimiento de este ente con dos secretarios sin que valga ninguna decisión
ni iniciativa sin que fuera firmada por los dos, una bicefalia que muchos atribuyen
directamente a la Administración.
Aunque los Acuerdos suponían un gran avance en la libertad religiosa en España, fueron
pocos los logros conseguidos durante más de 20 años, dos décadas en las que el mapa de la
población musulmana ha cambiado radicalmente a causa de las olas de emigración,
especialmente procedente del norte de África. Con la nueva realidad de la población
musulmana se ha llegado a la creación de mezquitas y comunidades, que a su vez fueron
enterándose de los Acuerdos y muchas comunidades empezaron a participar activamente en
las federaciones representadas en la CIE con el fin de acogerse a los Acuerdos, sin embargo,
pronto verán que el ritmo de aplicación de los mismos iba muy lento por no decir suspendido.
La participación activa de varias comunidades devolvió la vida a los Acuerdos y al tema de
la representación de la comunidad musulmana, y sobre todo trajo una importante
sensibilización entre los ciudadanos musulmanes y sus comunidades sobre sus derechos. Por
unas razones u otras, el periodo extendido entre 2005 y 2015 se puede considerar el más
intenso en el que ha habido debate, discusión, peleas,… todo con el fin de lograr hacer
funcionar la CIE.
Conscientes de que la bicefalia era el mayor obstáculo para la funcionalidad y operatividad
de la Comisión Islámica, en noviembre de 2012 se celebró la asamblea con el fin de cambiar los
Estatutos de la CIE y crear la figura del presidente y garantizaban el carácter democrático de su
funcionamiento. Asamblea a la que acudió la práctica totalidad de las federaciones islámicas
del país, FEERI y UCIDE inclusive.
Lo que era una gran noticia, un acontecimiento histórico para el islam español, pronto se
sabrá que no se podían lanzar campanas al vuelo, el Registro del Ministro de Justicia se resistió
a registrar los Estatutos, dando lugar a dos realidades paralelas de la CIE, una: la anterior con
dos secretarios, y la otra con un presidente, siendo éste uno de los dos secretarios. La nueva
CIE denuncia al Registro por incumplimiento de la legalidad y no registrar los Estatutos
aprobados. Y he aquí la sorpresa del Real Decreto y la legitima sospecha de las intenciones del
gobierno.
La justicia se pronuncia sobre la validez de los Estatutos aprobados en noviembre de 2012
el 28 de este mes, y el gobierno se quiere anticipar y aprobar un real decreto que interviene y
pretende modificar los Estatutos de la CIE y crea la figura del presidente con amplias
competencias, sin antes abrir un periodo de diálogo y consulta entre las federaciones, ni dar
fechas límites para llegar a un acuerdo, no, llega por sorpresa, cuando la gente seguía aun de
vacaciones, para “manu militari” lanzar su decretazo.
Y aquí nos preguntamos por qué ahora y por qué tanta prisa, ¿Por qué justo antes de que
la justicia se pronuncie? ¿Por qué no se ha hecho a lo largo de 20 años? ¿Y por qué ahora que
se agota la legislatura?
La práctica totalidad de las comunidades y federaciones islámicas están de acuerdo en dos
puntos: que la CIE tenga un presidente y que funcione de forma democrática, lo cual ya viene
contemplado en los Estatutos de 2012, y si la justicia los declara no vinculantes o no válidos
por la razón que sea, se puede perfectamente abrir una mesa de diálogo para lograrlo,
tampoco hay prisa para aprobar nada antes de que la justicia se pronuncie, y puesto que las
elecciones generales están a la esquina, el PP no necesita abrir un nuevo frente para romperse
la cabeza ni a los musulmanes con un giro tan brusco y con consecuencias graves.
Por todo ello, queda claro que el gobierno con su proyecto de Real Decreto no pretende
en realidad tener un interlocutor operativo, sino que tiene otras intenciones, y el mejor
ejemplo de ello, es que las demás comunidades religiosas como la judía o la protestante, que
tienen un solo interlocutor, tampoco es que se haya hecho mucho por sus derechos
reconocidos en los Acuerdos de 1992.
Hablando con varias sensibilidades del espectro musulmán preocupados por los asuntos
de la comunidad musulmana española respecto al Proyecto del Real Decreto del ministro de
Justicia, se pueden deducir diferentes análisis, ninguno bueno para el gobierno, lo cual es
preocupante, especialmente para el mismo gobierno:
- Con el Plan Europeo contra la Radicalización de trasfondo, el gobierno español necesitaría a un presidente de la CIE aliado, esto es alguien que ejecute las políticas del Ejecutivo en el ámbito religioso islámico, y aplaudir las iniciativas que el gobierno tome al respecto y bendecirlas.
- Relacionado con el mismo plan contra la radicalización, pero especialmente por las estrechas relaciones de cooperación en materia antiterrorista con el reino de Marruecos, el gobierno marroquí habría exigido al gobierno español el sacrificio del señor Mounir Benjelloun a la cabeza de la CIE para una mejor cooperación, lo que significaría en un futuro no lejano, en caso de aprobarse el real Decreto, la designación de un presidente de la CIE promarroquí, y el señor Tatary, el otro secretario de la CIE, sería presidente interino.
- El Estado español nunca ha sido sincero en su respeto de los Acuerdos de 1992, puesto que su actitud todo el tiempo ha sido y es la de poner excusas y obstaculizar su desarrollo. El primer paso fue la creación de UCIDE para neutralizar a la FEERI que había sido la interlocutora del Estado en la elaboración de los Acuerdos, creando así la bicefalia a la que ahora dice querer poner fin; y que ahora vuelve a hacer lo propio, ahora que la nueva CIE liderada por Benjelloun y su equipo empieza a calibrar y a funcionar, ahora que el centro de atención de la nueva CIE no son los problemas internos sino la aplicación de los Acuerdos, lo que supondría un importante incremento de los presupuestos para la satisfacción de dichos derechos.
- No hay que confiar en el Estado español, no hay que aceptar nunca ninguna subvención ni iniciativa que venga del gobierno, no hay que pedir derechos como musulmanes, sino que hay que trabajar en la base ajenos al sistema y construir nuestras propias comunidades, nuestros propios colegios,… que el proyecto del Real Decreto sólo es una prueba más de la injerencia y las malas intenciones del poder para con el Islam y los musulmanes.
Sea como fuere, el caso es que el proyecto del Real Decreto vuelve a confirmar que los musulmanes y la CIE no son más que una carta en manos del gobierno y no una religión autóctona y unos ciudadanos autóctonos innegociables, y en caso de llegarse a aprobar definitivamente, el gobierno haría flaco favor a su objetivo de construir una relación basada en la confianza y el reconocimiento con las comunidades musulmanas, lo que sin duda tendrá impacto sobre sus planes y estrategias de lucha contra la radicalización y el extremismo.